Un escándalo más en nuestro pobre Estado. La declaración tan pobre del Gobernador, “que yo
sepa nadie de mi familia se ha enriquecido” se suma al cierre de este desastroso sexenio, un abuso
más de quien encabeza el poder Ejecutivo, pero que deja a salvo su persona, por si las dudas y no
se haya dado cuenta, si por algún motivo alguna persona de su familia, se llevó algo de la
administración pública sin pedirle permiso, como para quedar absuelto de la responsabilidad en la
administración de nuestra Entidad Federativa. Por alguna razón estamos en el primer lugar de
corrupción nacional.
Pero por otro lado, la denuncia que hace el Consejo de Transparencia del Congreso del Estado, en
lo que se ha filtrado ya en los medios, como el abuso del gasto injustificado de más de 19 millones
de pesos para “apoyos” a personas, realizado por la Junta de Coordinación Política, utilizando su
propio criterio, sustentado en nada, a no ser el interés de conservar clientes electorales que les
aseguren el siguiente puesto del que puedan vivir cómodamente.
Los ciudadanos comunes como nosotros, podemos hacer todo lo que las leyes no nos prohiben, es
decir tenemos la libertad de hacer lo que no lastima a los demás, somos libres de hacerlo, aun
cuando no esté normado o regulado por ninguna ley.
Lo contrario es para el sector público y dentro de él, me refiero a los tres poderes del Estado, el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por ello debemos entender que este sector de la población
jamás puede hacer algo que no esté debidamente documentado y sustentado en una ley y su
respectivo reglamento, es decir los poderes públicos, no pueden hacer nada de lo que no esté
plenamente sustentado en la misma ley que el congreso aprueba.
Una de la enfermedades que sufre nuestro país, desde luego nuestro Estado, primer lugar en
corrupción, es la impunidad y, de ello quienes se ostentan como autoridades, dan el primer
testimonio pues actúan de manera impune, apartados de la ley y a la sombra de su fuero, mismo
que solo sirve, en muchos casos, solo para encubrir fechorías y delitos contra la sociedad.
Con tristeza tenemos que aceptar que los ciudadanos, los que trabajan para sostener a este gran
país y, a su obesa burocracia, tenemos que distraernos de nuestra vocación de producir riqueza
para México, derivada de nuestra actividad empresarial o, de trabajadores y obreros simplemente,
para vigilar a quienes no han podido resistir la tentación de manejar recursos públicos y, abusar de
ellos para conservar el poder y el control del dinero de otros, del mismo que cobran altos
honorarios pero, inconformes de ellos, con todo y que se auto asigna sus altos sueldos y
prestaciones, el Poder Legislativo de la LX Legislatura, burlan el uso y abuso de nuestros recursos,
mientras existen muchos potosinos que están en la vil pobreza pero, no les da pena ni se ayudan
con su conciencia, para fijarse en quienes no tienen nada. Ellos quieren casi todo.
La importancia de que los ciudadanos comunes, limitemos las actividades de quienes se ostentan
como servidores públicos, estriba en tener más sociedad vigilando y menos gobierno como sea
posible. Ya no hay confianza en casi nadie, ya no se puede seguir así.
Muchas denuncias públicas quedan pendientes, no llegan a la autoridad porque luego se hacen
cómplices. En una lentitud que asfixia, se prefiere por los diferentes medios, espacialmente las
redes sociales, en donde la molestia y en muchas ocasiones, bajo el anonimato, previniendo la
represión, se manifiesta el descontento, la irritación frente a la opulencia oficialista que, sostiene
un pueblo de trabajadores, jornaleros, obreros y, desde luego los que generan las fuentes de
empleo y son cautivos del tributo.
Así frente a este mal uso de recursos públicos del Congreso del Estado, una vez más, no creo que
pase nada, a no ser que la presión ciudadana, llegue a donde tenga que llegar. Tampoco creo que
en este Estado la Procuraduría General del Estado, haga su trabajo, sabemos que la aplicación de
la ley es muy selectiva y conveniente, además ya casi se van.
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